Supuestamente destinados a la lucha contra la producción de coca y cocaína en Colombia, los dos billones de dólares del “Plan Colombia” (al cual recientemente se le cambió el nombre por el de “Iniciativa Andina”), contempla un 80% de ayuda a los militares y a la policía colombiana para armas, entrenamiento y helicópteros. Mientras que esta política significó jugosos contratos para los proveedores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pagados por los mismos contribuyentes, para los colombianos significó el rompimiento abrupto de los diálogos de paz entre el presidente Andrés Patrana (1996-2000) y los rebeldes izquierdistas, incrementando la guerra en este país que cuenta con más de 50 años de conflicto civil armado. El elegido presidente Alvaro Uribe Vélez ha intensificado la lucha en contra de los dos principales grupos rebeldes, las FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) y el ELN (Army of National Liberation), contando con armas y helicópteros recién enviados de los Estados Unidos.

En la actualidad, Colombia se hunde en una infernal espiral de violencia con más bombardeos y secuestros; más desapariciones y asesinatos de figuras de la oposición y sindicalistas, y el incremento de la guerra por parte de la milicia colombiana. El Plan Colombia está ayudando a combatir a los movimientos guerrilleros de izquierda, no a los narcotraficantes.
Mientras el congreso de los Estados Unidos ha demandado que la ayuda militar sea usada solamente para la lucha contra el tráfico de drogas y no involucrarse en la guerra civil que se adelanta en Colombia, el Departamento de Estado ha encontrado la manera de dejar este asunto de lado anunciando oficialmente un cambio en sus prioridades: de la lucha anti-drogas a la lucha contra el llamado “terrorismo”. Esto hace más fácil atacar las acciones de grupos armados irregulares, teniendo como blanco los grupos de izquierda que controlan territorios ricos en recursos naturales, en particular petróleo.